3 dic. 2007

Derecho de autor, ¿"propiedad" intelectual? e industria cultural

Rafael Carreño
Rebelión

Existe cierta preocupación respecto a los derechos intelectuales mencionados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), que este domingo 2 de diciembre de 2007 se reformará por referendum nacional. A mediados de año una propuesta se ha construido a fin de resolver los desequilibrios del ámbito cultural en materia de 'derechos de autor' o '/copyright/' (conceptos similares del derecho latino y anglosajón, respectivamente). Se ha estado aclarando la confusión respecto a esos derechos de los autores, confusión debida a la oposición que los medios de comunicación están induciendo y también debido a que el sistema de la propiedad intelectual siempre ha sido bastante complejo. Es importante resaltar que la nueva versión del artículo 98* de la CRBV que se ha propuesto avala el sistema tradicional de propiedad intelectual internacional -que está basado en el concepto materialista de 'propiedad'-.

Un aspecto importánte es que se ha dejado la remuneración a los autores a merced de la voluntad de los empresarios, que en la práctica todavía son los encargados de ofrecer a los creadores los recursos que requieren para vivir y continuar su producción cultural. Sin embargo, al aplicar el omnipresente principio de la maximización de los beneficios -a favor del capitalista- sistemáticamente se reducen no sólo los montos destinados a los proveedores, técnicos e intermediarios involucrados en las distintas fases del proceso de masificación de la cultura, sino que también se minimizan los aportes a los autores. Es decir, aunque existan honrosas excepciones, en la práctica ese aparente mecenas resulta generalmente poco solidario.

No es conveniente que el grueso de la manutención de los creadores siga a cargo de esos pocos empresarios a los que se les dificulta controlar su ánimo de lucro por estar habituados al desequilibrio a su favor. Dentro de la fórmula de pretender cualquier ganancia potencial, el creador es visto como un mero costo, aunque de la boca para afuera se les rinda generoso homenaje. En la muchos casos el sistema del derecho de autor ha constituído un mecanismo para ofrecer la limosna-mínima que no permite a la mayoría de los interesados vivir adecuadamente. Esta visión egoista deja en particular vulnerabilidad a los jóvenes talentos que suelen tener una escasa capacidad de negociación, quienes al desear ver su obra distribuida deberán aceptar cualquier condición que se les imponga. No es muy diferente la situación de los creadores reconocidos, ya que la ley está diseñada a favor de las pocas 'estrellas' que apenas cubren la pequeña cúspide de la pirámide cultural. El problema mediático es que se ha priorizado la imagen del artísta exitoso, como por ejemplo aquel que es homenajeado con un disco de platino, o el que rompe un record en una subasta, mientras se ha invisibilizado a todos aquellos artistas que a pesar de su voluntad, esfuerzo y talento han terminado manejando un taxi o vendiéndo tras un mostrador.

Uno de los trucos reside en haber mostrado el carácter de 'propiedad' como algo inherente a las obras intangibles, lo que ha permitido que -por medio de acuerdos, contratos o venta- el autor quede legalmente expropiado de su obra. El concepto de 'propiedad' que le permite percibir una obra como 'suya' es el mismo concepto que permite que la obra pase a otras manos como simple mercancía. La posesión genera una ilusoria seguridad al creador, pero más bien convendría que la obra sea tratada como nuestra cédula de identidad: que es nuestra, la usamos, pero nadie puede adueñarse de ella a cambio de unos centavos. Lo adecuado para un sistema legal que realmente valore a los autores es que no se vea la transferencia de la obra como una 'cesión' definitiva, sino como una 'licencia' temporal -figura idealmente limitada a lapsos breves de pocos años- que permita que el autor gane dinero al autorizar su reproducción o ejecución, pero que pueda cambiar de editor o de representante si no observa una adecuada promoción profesional y económicamente favorable.

Otra tergiversación se ha manifiestado en las declaraciones que falsamente pintan las propuestas constitucionales como una supuesta tesis del Estado opresor Vs. los actores del entorno cultural. Al contrario. Con el nuevo artículo 98 seguirá existiendo en Venezuela una próspera industria cultural, pero ésta deberá limitarse a lo que debe hacer una persona jurídica: ofrecer el servicio de reproducir y distribuir en apoyo al talento de las personas naturales, es decir los creadores. El autor podrá seguir diciendo '.../tal obra es mía/...' aunque el resultado de su esfuerzo esté conjugando la tinta y el papel entre el ruido de una imprenta. La obra es 'suya' no como un potencial desposeído, sino porque la ha generado y ese mérito inherente a la persona no debe ser algo transitorio. Una empresa no debería poder afirmar que una obra es 'suya', porque no la ha creado, aunque tenga el dinero para invertir en ella. Las compañías nacionales o transnacionales sólo son un eslabón de la cadena comunicacional, por cierto uno demasiado fuerte, pero no constituyen la médula de un entorno cultural que se basa en facultades como la imaginación. La Ley vigente sobre Derechos de Autor elaborada durante el auge neoliberal no fué denominada 'Ley de los Intermediarios de la Cultura', porque hubiera sido un título excesivamente sincero.

La cultura es demasiado importánte para el país, como para quedar en manos de unos pocos que olvidan que lo más importánte del fenómeno cultural no es la obra vendible, sino el proceso de intercambio de expresiones estéticas y conocimientos actualizados dentro de la mente de las personas. Lo que se espera es que el derecho originario del autor no se pierda dentro de la fría dinámica de la oferta y la demanda del mercado, situación que ha estado depredando el esfuerzo de artistas e investigadores. ¿Afectará esto a la industria? sí, por lo menos no se legitimaría la expoliación del débil jurídico que es el creador. Pero aunque emitan quejas esas industrias no se irán de Venezuela, hay demasiado dinero circulando en nuestras calles para que se volteen hacia mercados más difíciles, recordemos el caso de las corporaciones petroleras que no se retiraron cuando el Estado exigió un trato sustancialmente favorable al país. Una de las alternativas es que el Estado asuma una mayor parte de la gestión cultural -aunque sin cubrir toda la demanda, a fin de mantener la diversidad- pero si deberá al menos atender las necesidades del sector educativo sin someterse a las barreras de una propiedad intelectual restrictiva.

A diferencia de lo que ocurría en décadas anteriores, cuando los bufetes de abogados proponían a los políticos sus aspiraciones a puerta cerrada, este debate sobre el artículo 98 de la Constitución se ha ofrecido convocando la asistencia de cualquier interesado. El que hasta ahora no haya participado es porque ha decidido no acudir a las invitaciones abiertas en espacios públicos como plazas, boulevares, auditorios, etc y los avances se han divulgado por medio de emisoras de radio, la televisión, diarios impresos y en Internet, donde se ha reiterado que el objetivo es devolver a los autores los derechos que se merecen. Allí se ha repetido que el Estado no está interesado en apropiarse de los derechos de los creadores. /'...Te van a quitar tus obras!...'/ hoy tratan de sugerir algunos gerentes para confundir. Pero es importánte que esos autores detecten la manipulación de aquellos que han controlado el 'mercado' del arte, la recreación, la educación y la ciencia. Los intelectuales deben reconocerse como beneficiarios de una reforma constitucional que va en su defensa, aunque la campaña mediática sea intensa para evitar que se concientice la posibilidad de una relación distinta y más favorable. Es por eso que los medios privados no se atreven a publicar el contenido literal de la propuesta constitucional: para que los explotados no vean que existe una alternativa más adecuada*. Si alguien duda de esto, que trate de buscar la transcripción textual en un medio de comunicación privado y verán que solo se encuentran razones truncadas que ocultan el espíritu solidario de la ley. La actual explotación o exclusión que sufre gran parte del talento nacional no se resolverá escuchando las quejas de los que ya se han aprovechado del ideario ajeno durante décadas. Sobre todo se debe tomar en cuenta que el actual crecimiento económico de Venezuela seguirá permitiendo que los recursos nacionales puedan fluir hacia los autores que tanto necesitan ganarse la vida con un modelo productivo justo, que les ofrezca algo más que esas migajas cercanas al 5 % de las ventas (para el caso de los músicos).

La maniobra que el siglo pasado lograron consolidar los defensores del viejo sistema monopólico -que comercia con bienes intangibles- consistió en agrupar dentro de un sólo concepto de 'propiedad' aspectos muy alejados de la propiedad convencional que se fundamentaba en bienes materiales -como terrenos, vehículos, casas o artefactos-. Esto se justifica en que la propiedad material no puede compartirse fácilmente: dos personas no pueden ponerse la misma camisa, ni comer la misma galleta, pero si pueden escuchar la misma canción porque son obras intangibles. En ese juego conceptual uno de los principales elementos que cayó bajo el paraguas de la mal llamada 'propiedad intelectual' fue el derecho de autor, de modo que eclécticamente el libro de 'Cien años de soledad', la patente del 'Viagra' y la marca 'Coca-cola' quedaron juntas dentro del mismo saco. De esta manera; al mezclar los derechos culturales (novelas, partituras, fotografías, etc) junto con los científico-tecnológicos (patentes y diversos tipos de invenciones) y los económicos (marcas comerciales y otros signos distintivos); el sector privado constituido por laboratorios farmacéuticos, embotelledoras de refrescos y todo tipo de inversionistas involucrados lograron ser llevados como polizones cada vez que se deseaba otorgar un beneficio a gente de la talla de Gabriel García Marquez. Los verdaderos autores se convirtieron en una elegante carnada, valorada universalmente, mientras que los empresarios disfrutaban de las ventajas propias de las personas inspiradas por las musas.

El hecho es que una empresa verdaderamente no debería necesitar la posesión de una obra para imprimirla, para quemarla en un CD o transmitirla por radiodifusión, al menos si se tiene fe en la 'libre competencia' que suelen pregonar. Desde el inicio de la modernidad se ha tratado de convencernos que la apropiación corporativa -o más bien la expropiación al autor- es un pre-requisito de ese supuesto hecho cultural, fenómeno que realmente es una simple transacción ajena a esa acción creativa que es susceptible de merecer derechos de autor. Simplemente comprar una obra no es lo mismo que crearla. Pero para disimular ese control unilateral del /copyright/ se sustituyó la desprestigiada palabra 'monopolio', que adolece de un grave exceso de franqueza, por la palabra 'exclusividad' que ofrece mayor disimulo. La industria cultural venezolana no desaparecerá ni será vulnerada tras la reforma constitucional, pero tendrá que ser moderada y condescendiente con ambos extremos de la cadena de relaciones sociales: es decir, con el autor y el usuario final. En el presente contexto de cambios sociales es mucho más importánte masificar las oportunidades de estudiar, informarse -y sobre todo formarse- que engrosar el ya gigantesco dominio privado.

Para recurrir a una metáfora: hoy día la cultura todavía está tan privatizada como aquellos '/outsourcings/', 'tercerizaciones' o 'subcontrataciones' de la industria petrolera que hace pocos años usurpaba las atribuciones nacionales. La historia reciente de los combustibles fósiles nos ha demostrado que tras una encubierta privatización -aparentemente irreversible- pudimos recuperar la soberanía petrolera sin tener que expulsar a las transnacionales de los hidrocarburos -que siguen ganando dinero, pero no de aquella manera desproporcionada-. Ahora nos tocará demostrar que, al igual que lo ocurrido con el oro negro, los autores pueden asumir protagónicamente nuestra soberanía en el área cultural a beneficio del pueblo, sin depender de los inversionistas que imponen a la sociedad sus preferencias estéticas y sus conveniencias económicas. Repito, no se espera prescindir de ese necesario sector privado que hoy imprime libros, transmite música o distribuye películas; simplemente se trata de equilibrar un escenario donde unos pocos financistas ya acumularon unilateralmente muchas ventajas desde hace demasiadas generaciones.

El haber insertado en el artículo 98 de la CRBV un fragmento de la Declaración de los Derechos Humanos -tomado de su artículo 27- refleja la vocación humanista de este proyecto que dificilmente puede ser refutada por un comerciante. Esos principios consensuados internacionalmente permitirán aliviar la exclusión intelectual y la ignorancia generalizada de los ciudadanos menos afortunados, construida durante décadas porque faltaron políticas que democratizaran la cultura. Es decir, debemos reconocer que para apoyarse en la ley de la 'oferta y la demanda' se mantuvo una artificial escasés de bienes culturales por medio del sistema del derecho de autor, lo que permitía incrementar los precios que debía pagar una ciudadanía ávida de satisfacer sus necesidades espirituales. Hoy día la relación entre el intelectual y su audiencia debe ir más allá de un trato clientelar, cuantas menos restricciones haya dentro del viejo sistema de derecho de autor, mayor trascendencia social alcanzará el mensaje de cada creador. El 'derecho' de autor siempre estará incompleto si la transformación no considera que el artista también tiene 'deberes' hacia sus conacionales o hacia su público. El derecho de autor será esteril si sus ideas no fertilizan con facilidad las mentes de los usuarios que acuden a bibliotecas, infocentros, teatros o cines.

Aún con un mayor acceso por parte de la audiencia el autor podrá seguir ganándose el sustento y los empleados de las corporaciones musicales, audiovisuales, editoriales e informáticas seguirán teniendo su sueldo asegurado debido al estimulo que hoy representa vivir en un país que fomenta la libertad intelectual y que democratiza el bienestar espiritual. La generación de empleos en el ámbito cultural aumentará aún más en la medida que siga creciendo la demanda por parte de lectores, melómanos, cinéfilos e internautas -al igual que las mejores condiciones generales han permitido que comprobadamente la ciudadanía aumente su ingesta de alimentos y el consumo generalizado-. Pero para que eso sea viable debemos criticar el actual sistema de 'propiedad' intelectual que tiene un carácter restrictivo, ya que todavía otorga a los amos de la cultura la facultad de prohibir a terceros la reproducción de las obras que atesoran. Es lo que los legisladores denominan un 'derecho negativo'. Los que califican de 'pirata' a aquellos que ofrecen alternativas costeables pretenden satanizar algo que la humanidad ha realizado durante milenios para poder progresar: compartir lo más elevado del género humano -el pensamiento-.

Evidentemente que las reflexiones plasmadas en los párrafos anteriores no están plasmadas con ese grado de detalle en el nuevo artículo 98 de la Constitución, pero las futuras modificaciones en las leyes relativas a los derechos intelectuales deben considerar más el aspecto ético que la conveniencia del intermediario. El gobierno bolivariano prevee aumentar exponencialmente la circulación de textos, música, imágenes, videos, software y espectáculos; ahí el beneficio directo e indirecto, a largo plazo -y para todos- consistirá en tener un país con una colectividad más madura y preparada. Eso es algo que no tiene precio y que no debe atemorizar a la industria. Además sabemos que es justo y necesario.

Mucha niebla han lanzado encima del tema de la reforma constitucional los mismos que dicen abogar por la libertad de expresión. Se trata de aquellos que al parcializarse a favor de las avalanchas recreativas, como la que siempre viene de Hollywood, se alejaron de una verdadera diversidad cultural que dé cabida al creador local. En medio de la exagerada y artificial tensión política entre los polos de 'izquierda' y 'derecha', seguro se requerirá un descanso reflexivo para que las aguas se calmen y los incrédulos beneficiarios de la reforma asimilen las ventajas que la Constitución otorgará a todos los cultores y usuarios por igual.

En el referendum constitucional pronto tendremos el privilegio de defender con nuestro voto afirmativo el artículo 98 que establece literalmente que “la creación cultural es libre”, algo que no será fácil de ejecutar, pero que en otros países apenas es un sueño muy, muy lejano.

------------------------------ ------------

/**Nueva versión del Artículo 98, que se aprobará en Venezuela el 2 de diciembre de 2007: *La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la diversidad cultural en la invención, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá los derechos de todos y todas a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico, tecnológico y en los beneficios que de él resulten (Artículo perteneciente al Título III “De los derechos humanos y garantías”, Capítulo V “De los derechos culturales y educativos”)./


Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=59862

No hay comentarios :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...